| |
- Persistencia, en las últimas décadas, de altas tasas de muertes maternas, en muchos casos relacionadas al deterioro general de la condición de las mujeres, a su discriminación de género, a los mayores niveles de pobreza que las afectan y a la crisis de los sistemas sanitarios.
- Penalización del aborto inducido, encarcelamiento de mujeres que han abortado, y potenciación del discurso fundamentalista contrario a la libre opción.
- Restricciones de acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, tanto por disminución del flujo de donantes como por presiones ideológicas, generando demanda insatisfecha de anticoncepción (incluyendo la anticoncepción de emergencia), y de prevención y tratamiento de ITS/VIH/SIDA, entre otros.
- Ausencia de políticas públicas sensibles a la equidad de género en salud, y en otros casos obstaculización de las mismas por parte de sectores fundamentalistas.
- Vacío jurídico en los países respecto del reconocimiento legal de los derechos sexuales y reproductivos y de la garantía de su ejercicio para todas las personas, sin discriminación.
|
|
|
