El Instituto de Medicina Legal, instancia médica que forma parte del Ministerio de Público, ha informado que durante el periodo enero – agosto 2006 realizó 47,065 reconocimientos médicos a igual número de mujeres por lesiones por violencia familiar y que durante el mismo período de tiempo se realizaron 13,190 reconocimientos clínicos de integridad sexual. Es decir, según estos datos, cada hora se denunciaron ocho hechos que constituyen violencia familiar y cada día se denunció la violación sexual de 55 personas, principalmente mujeres (78%).

Por otro lado, existe mucha demora en el seguimiento y trámite de estos procesos. Según investigaciones realizadas por el Movimiento Manuela Ramos, en promedio un proceso judicial por violencia familiar tarda de 12 a 18 meses para ser resuelto en primera instancia; de los cuales 2 a 3 meses son de investigación policial, de 3 a 4 meses de intervención fiscal y de 6 a más meses, a la etapa judicial propiamente dicha.

Otro hallazgo encontrado es que las graves dilaciones en estos procesos que conllevan a que en muchos casos se aplique la prescripción de la causa. Esto es resultado de la inacción del magistrado, que en la mayoría de los casos no impulsa el proceso adecuadamente o se da también cuando la actuación policial es deficiente.

Es necesaria una mayor celeridad procesal pero sin afectar las garantías del debido proceso.