La Primera Fiscalía Provincial de Coronel Portillo, en Pucallpa, abrió una investigación al congresista humalista Walter Acha por presunto delito contra la libertad sexual, a raíz de la denuncia de ex jefa de prensa, Idelia Calderón Ramos, quien lo acusó de violarla e inducirla al aborto.

A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público hizo el anuncio e informó incluso que la fiscal a cargo del caso, Emperatriz Verdi, ya dispuso diligencias por el delito contra la libertad sexual.

Previamente, tanto el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, como el legislador Mauricio Mulder habían emplazado al fiscal de la Nación, José Peláez, a que no dilate este caso y que denuncie de inmediato al congresista acusado, al que no le asiste la inmunidad parlamentaria, porque no se trata de un delito de función.

PIDEN SU DETENCIÓN  En tanto, el Poder Judicial debe ordenar la detención de Acha Romaní si se le abre proceso, debido a la magnitud del delito que se le imputa, señaló Jennie Dador, directora de la ONG Manuela Ramos.

“Si se le abre proceso penal, debería ser con mandato de detención y no de comparecencia por la gravedad del delito y por ser quién es la persona”, declaró la activista en ideeleradio.

Fuente: Perú 21 14 de mayo del 2012

Gianinna evidenció la dificultad que existe actualmente de flexibilizar los esquemas en los que nos manejamos respecto a este tema. En ese sentido, la especialista presentó el caso de las madres adoptivas, ya que el ideal de la maternidad en nuestra sociedad es ser una madre biológica.

Paredes criticó que las mujeres inviertan muchísimo en tratamientos de fertilidad cuando no pueden concebir por sus propios medios a pesar de que existe la adopción, una opción no muy tomada en cuenta.

Por otro lado, advirtió que actualmente son muy pocas las madres que eligen el camino de la maternidad, sin recibir algún tipo de presión por parte del medio. No obstante, la especialista resaltó la importancia de desear un hijo, ya que esto brinda a la crianza una calidad distinta.

Asimismo, opinó que hay una idealización respecto a la maternidad que debe desaparecer, pues de lo contrario la mujer se acerca a este proceso con mucha inseguridad y miedo al fracaso, cuando cada proceso es distinto e incierto.

Por su parte, Verónica Ferrari habló sobre las dificultades de un niño homosexual, respecto a un niño que sufre de racismo o discapacidad, ya que en los dos últimos casos suelen recibir el apoyo de sus familiares, mientras que en el caso de la homosexualidad, es muchas veces la familia, además de la sociedad, la que le genera un profundo rechazo.

En ese sentido, resaltó la importancia de ser honesta como madre y nos contó que en su caso, siendo lesbiana, no siente culpa por ser madre, sino preocupación por el rechazo o discriminación que su hija pueda sentir en el futuro.

Finalmente, ambas especialistas consideraron que pese a que la maternidad tiene un rol fundamental en el Estado, aún es muy difícil acceder, por ejemplo, a un aborto en condiciones saludables. En ese sentido, indicaron que la maternidad termina siendo una imposición, ya que los medios anticonceptivos son muy caros y mal vistos.

En nuestro bloque Rikunakuspa nos acompañó la periodista Lorena Chauca, quien nos contó su experiencia como autora del Allillanchu!, blog dedicado a la difusión del quechua a través de noticias, música, libros y documentales y que en el 2010 fue uno de los finalistas de los 20 blogs peruanos.

Aquí puedes ver el programa completo

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Fuente:
http://barrademujeres.lamula.pe/2012/05/15/barra-de-mujeres-mitos-y-estereotipos-en-la-maternidad-contemporanea/lamula

La ministra Jara afirmó el pasado 27 de abril, ante un auditorio de fieles evangélicos, que tuvo que dar pase al Protocolo Nacional para la Aplicación del Aborto Terapéutico por “tratar de guardar el equilibrio político”, lamentando que en la política “uno tiene que tratar de guardar el equilibrio en algunas cosas que a veces, un hermano en Cristo no lo entenderá, hay que acceder”.

Queremos recordarle a la señora Ministra que, la aprobación de este protocolo, responde a razones de justicia, derechos humanos, salud pública y de no discriminación. Así mismo, enfatizamos que el aborto terapéutico es legal en nuestro país y el mencionado protocolo brindará a las mujeres un marco de garantías para salvaguardar su derecho a la salud.

En el informe del Ministerio de la Mujer ante expertas/os internacionales, que monitorean la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), sobre los avances en temas relacionados a Igualdad de Oportunidad entre Hombres y Mujeres, Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, Derechos de las Personas con Discapacidad, Violencia de género, Derechos de las personas Lesbianas, Trans y Gays, entre otros; el Estado se ha comprometido a continuar disminuyendo las brechas de igualdad de oportunidades; por lo tanto está en la obligación de diseñar, implementar y generar políticas públicas para lograrlo.

La aprobación del Protocolo Nacional para el aborto Terapéutico, es una de ellas, por lo tanto debe evitarse pronunciamientos sesgados que no mantienen coherencia con lo expresado en el plano internacional y no contribuyen a generar conciencia social sobre la importancia de la norma.

Esperamos que, en el marco de un Estado laico, se eviten pronunciamientos que confunden la política y las políticas públicas con la religión, y se promuevan los principios democráticos que esperamos se mantengan en el país; en este sentido, exigimos la renuncia de la ministra en el cargo porque al no garantizar la defensa de los derechos de las mujeres como un asunto de derechos humanos y ciudadanía, abona a la crisis de gobernabilidad democrática que enfrenta el actual gabinete.

Lima, 15  de mayo del 2012

Doris Blas, abogada del Movimiento Manuela Ramos, pidió que se levante la inmunidad parlamentaria al congresista Walter Acha frente a la denuncia de violación realizada por su ex asesora de prensa Idelia Calderón.

“Consideramos que es importante el levantamiento de la inmunidad parlamentario para efectos de formular una denuncia”, manifestó a través de RPP Noticias.

Lamentó los comentarios acerca de una supuesta responsabilidad por parte de la denunciante, explicó que ‘no debe calificarse el acto moral’. “Uno no debería calificar de inmoral. No debería perderse de vista la denuncia y no calificar si durmió o no”, precisó.

“Mujeres que sufren violencia sexual tienen que exponer lamentablemente este tipo de violencia grave y muchas veces se cuestiona la conducta de esa persona y no se investiga a quien ha cometido el delito”, añadió.

Sobre el hecho de que compartieron el dormitorio durante un viaje de trabajo, la abogada refirió que ‘fue una imposición de su jefe’. “Al parecer como refiere era una modalidad de trabajo. Además, no es una licencia para que ella se coloque en una situación de riesgo”, señaló.

Finalmente, indicó que el video que grabó Calderón ‘es una prueba importante’ sobre el presunto delito. “La grabación del video es un elemento importante. Las pruebas en conjunto determinarán la decisión del juez”, acotó.

Tomado de: RPP 15 de mayo del 2012
Replicado en TERRA Noticias 15 de mayo del 2012

Vale recordar de acuerdo a leyes nacionales y normas internacionales suscritas por el Estado peruano, es su obligación velar por el cese de cualquier forma de violencia contra mujer y acceso oportuno a la justicia con las garantías del debido proceso.

Lima, 14 de mayo de 2012.

La coordinadora nacional de proyectos del Movimiento Manuela Ramos, Gina Yañez de la Borda, manifestó que 383 procesos por alimentos y filiación atendieron en los últimos tres años, en tres provincias de la región.

De las tres provincias atendidas, Huancavelica es la que más casos registra, donde lograron que 155 padres abonen un total de 510 mil 415 nuevos soles a sus hijos.

“En Acobamba lograron que 128 padres desembolsen 421 mil 500 nuevos soles y en Angaraes 100 padres liquidaron 329 mil 300 nuevos soles”, informó Yañez de la Borda.

Tomado de: Diario Correo, 9 de Mayo del 2012

* “Marcelo Moya (40), había postulado al subsidio de la vivienda en dos oportunidades, pero en ambas –cuenta- su soltería y su falta de  hijos no lograron otorgarle el suficiente puntaje para adjudicarse el beneficio”.

* Me sorprendió bastante. Me gustaría haber sabido antes, cuando fui al banco, porque podríamos haber complementado las rentas juntas para que nos dieran más crédito…” Roxana.

Política de vivienda chilena da a las familias de convivientes, lo cual incluye a las parejas del mismo sexo, el mismo puntaje que a los matrimonios civiles. De esta forma muchas uniones de lesbianas y gays han encontrado en esta disposición una oportunidad para obtener un beneficio del Estado, que los reconoce como pareja y les facilita el acceso a un subsidio para la adquisición de una vivienda.

El sub secretario de vivienda, Juan Carlos Jobet, señala que la política pública va en la línea de dar las mismas oportunidades a parejas diversas.

Tomado de:
LA TERCERA, domingo 6 de mayo de 2012.

En la sección artesanía, el stand de Puno fue muy visitado debido a los modernos diseños y la variedad de prendas presentadas por las artesanas puneñas, capacitadas por el Movimiento Manuela Ramos.

Otra razón para preferir nuestros productos fue la presencia de las artesanas en la atención del stand, quienes con mucho desenvolvimiento exponían las características de sus tejidos a todos/as los/as clientes; demostrando así sus habilidades como lideresas.

Participar en ferias es una de las estrategias aplicadas por el Movimiento  Manuela Ramos para empoderar a las artesanas como futuras empresarias. De esta forma ellas tienen la oportunidad poner en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones de gestión comercial, consiguiendo así experiencia y autoconfianza.

En la feria participaron artesanas de los grupos del Proyecto “Acceso y Mejora de Ingresos Económicos de Mujeres Artesanas Quechuas y Aymaras en Puno”, financiado por la Unión Europea, y del Proyecto “Ampliando oportunidades para la participación económica sostenible de las mujeres rurales en Puno”, que auspicia Junta Castilla La Mancha de España.

La consultora del área de gobernabilidad de la Comisión Democrática de Juristas, Mirva Aranda, señaló que la reciente implementada Ley 2824, que regula la Justicia de Paz es una buena iniciativa del Estado, pero indicó que aún quedan varios asuntos pendientes por resolver.

“Era necesario una formar una regulación, no tenía una ley. Tenía un estatuto pero no tenían un solo cuerpo legislativo. Además, siempre se le había considerado a la justicia de paz como una justicia de menor categoría, como una justicia adicional pero no se le daba la importancia que realmente tiene”.

En el Perú hay una gran cantidad de jueces de paz, aproximadamente 5455 jueces, que no tienen la necesidad de aplicar los códigos del derecho tradicionales. “Puede aplicar las costumbres de las zonas y toman decisiones con sus propios criterios de justicia. La población siente que puede encontrar una respuesta más rápida y efectiva a los problemas que tiene”, señaló Aranda para el programa ‘Barra de Mujeres’ conducido por Ana María Yañez, Jennie Dador y Lisbeth Guillén.

“Esta ley es muy importante por que les da una serie de derechos que los jueces de paz nunca han tenido. No les da un pago pero si por lo menos les un reconocimiento. Y se está dejando de ver a las justicia de paz como un servicio gratuito”.

Pese a que el Estado está haciendo más evidente que tiene que brindar regulación a los Jueces de Paz, la consultora de gobernabilidad señaló que una de las mayores deficiencias de esta ley es que no deja clara la relación con la justicia indígena.

“Se está usando la palabra comunidad como el lugar donde vive, no como la comunidad indígena. Esa es la parte más floja de la ley. A pesar de que esta ley les amplia la competencia aún sigue siendo restringida pues solo puede ver ciertas cosas”.

En la segunda parte del programa se contacto, vía telefónica, a Beatriz Henriquez, jueza de paz del distrito de Haquira en Apurímac, quien contó su experiencia como jueza y como aplica el derecho consuetudinario para resolver los problemas de su comunidad.

La sección Rikunakups tuvo como invitada a la Parlamentaria Andina, Hilaria Supa, quien dio alcances sobre la entrega de más de 3,000 folios sobre acciones de esterilizaciones forzadas realizadas entre 1996 y 2000, a la Primera Fiscalía Supra Provincial por parte de la Asociacìón de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas en Cusco (Amaefc).

Las esterilizaciones forzadas afectaron a más de 300 mil mujeres en el Perú. El caso fue reabierto el pasado 21 de octubre del 2011 y desde esa fecha hasta ahora los 62 tomos y las 2074 denuncias que forman parte del expediente original, no cuentan con ningún avance.

Vea en el programa completo aquí

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Fuente: http://barrademujeres.lamula.pe/2012/05/07/nueva-ley-que-regula-la-justicia-de-paz-aun-tiene-deficiencias/lamula

En la conciencia de que no basta la dación de una ley que penalice los feminicidios para erradicarlos, creemos que diversas instituciones, el movimiento de mujeres y la comunidad en general, están de acuerdo en que se adopten medidas de prevención. Entendemos en esa lógica, la iniciativa de la Secretaría Nacionalde la Juventud-SENAJU, quien a través de su titular René Galarreta, señaló recientemente la necesidad de exigir un certificado de salud mental como requisito para contraer matrimonio civil y, de existir algún problema de salud mental, buscar la respectiva ayuda profesional. Además agregó que el presidente de AMPE,[1] César Acuña Peralta, le expresó la disposición de los gobiernos locales de incorporar dicho documento a las parejas que deseen casarse por civil.

Ante ello, pensamos que debemos ponernos en los escenarios posibles:

1. Si el diagnóstico es neurosis, o peor aún psicosis, la pregunta es ¿la pareja lo dejará? Nadie lo puede asegurar. El trabajo cotidiano con las mujeres demuestra que en su rol de “cuidadoras” lo más probable es que se quede con él hasta que se “cure”. Lo cual supone también la amplia colaboración y disposición de la pareja de buscar ayuda especializada. La gran mayoría de hombres, no acude a los servicios de salud, sobre todo a los especializados en salud mental, además recae en ellos el estigma que tiene la persona con problemas de salud mental y que busca a un psiquiatra: “está loco”.

Según datos de organizaciones de países vecinos, como Bolivia y Chile, el feminicidio ataca sobre todo a mujeres pobres (en nueve de cada diez casos se trató de mujeres que vivían en los barrios más pobres de la capital). En estos sectores, donde intervenimos hace varios años, las redes de salud nos informan que los varones no acuden a la consulta psicológica, pese a ser citados por su conducta violenta.[2]

1. En el otro escenario, si el resultado es favorable y los varones muestran un grado adecuado de salud metal, ¿es garantía de que no cometerán feminicidio?

Veamos las evidencias:

Una aproximación al perfil del agresor

1. Un 90 por ciento de los feminicidas comparte la misma cama con las mujeres, son pues los esposos, enamorados, convivientes,      amantes; que según los testimonios de los vecinos, se comportaban “como cualquier      pareja”.
2. Las edades de la  mayoría de los agresores, es decir 51 de ellos, van de los 26 a      los 35 años, mientras que 37 tienen entre 18 y 25 años y 24 están  entre los 36 y 45 años[3].  Colocamos la edad porque la  SENAJU, señala que esta medida beneficiará sobre todo a los más jóvenes (que según ellos, son los que más se casan), como apreciamos las edades fluctúan hasta los 45 años.
3. El agresor puede tener lesiones en las manos/brazos      o cara[4]
4. No deja hablar a la mujer en la consulta
5. Se niega a que se le brinde atención
6. Se debe presumir que hay una situación de riesgo inminente cuando el denunciado oponga, de manera violenta, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva mantenida recientemente con la víctima.

Efectivamente, en la mayoría de los casos, los feminicidas han matado a las mujeres cuando ellas han querido terminar la relación. Como vemos, la presencia de un problema de salud mental no es el antecedente más importante, si lo es en cambio la relación de pareja violenta, como ejemplos dos de los últimos feminicidios en el país:

Milagros Chipana fue ahorcada por su conviviente delante de sus cuatro hijos. El asesino no mostró arrepentimiento por el crimen sino por dejar abandonados a sus hijos mientras esté preso. Y el 23 de marzo, luego de una semana de dolorosa agonía que llevó a los médicos a ponerla en coma inducido, falleció Leyla Zegarra, a quien su pareja roció gasolina y prendió fuego tras una discusión.

El feminicidio es pues una situación de violencia extrema, cuyo origen se encuentra al interior de la relación de pareja, con escenas de celos, de control, de privación de amistades, de libertad, restricciones y control económico; asimismo golpes, violaciones por parte del varón y hostigamiento en lugares donde frecuenta la mujer (trabajo, lugar de estudio y otros). Entonces, ¿por qué identificamos el riesgo inminente de muerte de la mujer?: porque las situaciones señaladas no son consideradas graves, se consideran esperables en algunas relaciones de pareja, podríamos afirmar que se han “naturalizado”.

Desde Manuela Ramos, planteamos que las medidas de prevención más adecuadas son aquellas dirigidas a enfrentar frontalmentela VIOLENCIACONTRALA MUJER, articulando esfuerzos desde todos los sectores educación, economía, salud, inclusión social, etc. porque el origen de ese tipo de violencia es estructural, mantiene relaciones de poder de los hombres hacia las mujeres; por ello, la construcción de su masculinidad lamentablemente incluye como uno de sus pilares fundamentales, que las mujeres somos objetos de su propiedad, por lo tanto “desechables”, objetos que se pueden matar. Creer que los certificados de salud mental garantizan la prevención de los feminicidios, significa dirigir la mirada a “enfermos mentales”, y los feminicidas son hombres de carne y hueso, comunes y corrientes, eso sí, manteniendo relaciones de pareja violentas, deseando subordinar a la mujer a sus deseos y sobre todo, creyendo que la vida de ellas les pertenece. 

Lima, 11 de mayo de 2012