Las Orientadoras Legales con motivo de celebrar su 25 aniversario, invitan a participar del Foro “Violencia basada en Género: Impacto en la Salud Mental de las Mujeres de Villa El Salvador”

Día : Martes 21 de Febrero de 2012
Hora : 3:30 PM
Lugar : Centro Parroquial Oscar Romero Sector 3, grupo 8 y Avenida Bolívar s/n.

Micaela Flores recuerda vívidamente el día en que, junto con otras 15 campesinas de comunidades del Cusco, la llevaron con engaños a un centro de salud, las encerraron bajo candado y luego la operaron para dejarla estéril.
“Me llevaron adentro jalándome entre dos. ‘Vamos a hacerte un chiquito corte, asisito”’, le dijeron, según la mujer, quien hoy tiene 54 años. “Yo dije, ‘no señora, yo no puedo hacerme eso’… Brava me he puesto ahí dentro, (pero) me agarraron, tumbaron, me amarraron los pies, las manos con (ligas de) jebe, me pusieron la anestesia”.
Flores es una de unas 2000 mujeres que denunciaron haber sido esterilizadas contra su voluntad, como parte de un programa de “planificación familiar” emprendido por el gobierno de Alberto Fujimori en 1996.

El programa consistió en la esterilización forzada de unas 300.000 mujeres, según información del propio gobierno.
Los intentos por investigar las denuncias fracasaron y en el 2009 el caso fue archivado bajo el argumento de la prescripción de los cargos de homicidio culposo y negligencia. En octubre pasado, sin embargo, el gobierno, presionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anunció la reapertura del expediente y la Fiscalía dijo que el caso será tratado como un delito de lesa humanidad y por tanto no será prescriptible.

Sin embargo, a la fecha, el expediente sigue siendo estudiado por la fiscal encargada del caso y las víctimas de esterilizaciones forzadas continúan esperando señales claras de que obtendrán justicia.
El caso ha sido asignado a la fiscal Edith Alicia Chamorro, titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, que tiene facultades para realización una investigación a nivel nacional. La fiscal Chamorro no quiso dar una entrevista a la AP y se limitó a declarar por teléfono que estaba “evaluando el expediente”, un voluminoso legajo compuesto por 62 cuadernos.

Chamorro dijo que no se le ha asignado ninguna asistencia especial y que se maneja con el equipo legal con el que habitualmente trabaja.
El Fiscal de la Nación José Peláez, declinó conceder una entrevista a la AP pese a reiterados llamados.
“¿Por qué razón el señor fiscal, el ministro de salud, la defensoría del pueblo nos han cerrado la puerta? Me da una pena, que nos hagan estas cosas”, dijo Flores con tristeza tras llegar a Lima el viernes pasado para la proyección de la película “La cicatriz de Paulina”, que aborda el tema de las esterilizaciones forzadas cometidas en los años 90.

Activistas afirman que, además de ser forzadas, las esterilizaciones se realizaron en condiciones insalubres, con seguimiento escaso o nulo, y tienen documentados 18 casos de mujeres que fallecieron por infecciones poco después de ser esterilizadas.

Este podría ser uno de los peores programas de esterilizaciones forzadas dispuestas por un gobierno de que se tiene noticias.
Estos programas comenzaron a funcionar a fines del siglo XIX, con el objetivo de reducir la cantidad de personas con escasa inteligencia y, sobre todo, de enfermos mentales. La idea era purificar la raza dominante.

Alejandra Cárdenas, asesora Legal del Programa para Latinoamérica y el Caribe del Centro por los Derechos Reproductivos, dijo que un caso como el de Perú solo ocurrió en la década del 70 en la India.
“El objetivo era reducir la natalidad en las poblaciones más pobres. El estado implantó todo un programa. Podemos decir que lo que sucedió fue un crimen de lesa humanidad por la escala y la sistematicidad con la que se llevó a cabo”, declaró.
Flores pertenece a la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilización Forzada de Cusco, que desde hace 15 años vienen luchando para que se investiguen las denuncias de esterilizaciones forzadas, se castigue a los responsables y se les ofrezca una reparación.

El propio Fujimori anunció en 1995, en un congreso mundial de mujeres en Beijing, que su gobierno emprendería un plan nacional de planificación familiar para que las peruanas pudieran decidir el número de hijos que querían tener.
Fujimori, hoy de 72 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por dos matanzas cometidas por militares en su gobierno. Hasta ahora no ha sido investigado en relación con las esterilizaciones.
Nadie imaginó el cariz que tomaría el programa.

Luego de comenzada su aplicación, la prensa reportó la realización de campañas de ligaduras de trompas, a manera de ferias, en las comunidades campesinas en las zonas altoandinas del país, y empezó a recoger denuncias de mujeres que afirmaban haber sido esterilizadas sin su conocimiento o sin su consentimiento, a la fuerza o bajo coerción.
“Esto no fue una decisión espontánea de malos operadores de salud, que de pronto en diferentes zonas del país decidieron implementar este tipo de método anticonceptivo… sino que fue algo dirigido y de conocimiento de las más altas autoridades”, afirmó Jeannette Llaja, directora de la organización no gubernamental DEMUS, que ha impulsado la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los principales acusados en el expediente de esterilizaciones que fue archivado fueron los ministros de Salud de la época, Antonio Yong Motta, Marino Costa Bauer, y Alejandro Aguinaga, así como otros funcionarios de rango medio.
Aguinaga, el único que ha hablado en público del tema, solo ha alegado en su defensa que el caso fue archivado y atribuye la reactualización del expediente a intentos por distraer a la opinión pública de casos de presunta corrupción que aparecieron recientemente en el gobierno de Ollanta Humala.
Aguinaga no aceptó conceder una entrevista a la AP, al igual que Costa, quien se excusó diciendo que anteriores entrevistas que concedió sobre el tema a otros medios fueron usadas para elaborar “reportajes sesgados y subjetivos”.

Los ministros argumentaron en la época de aplicación del plan de esterilizaciones que éstas fueron absolutamente voluntarias y que los casos denunciados por la prensa fueron hechos aislados.

En 2003, desde su autoexilio en Japón, tras haber abandonado Perú por un escándalo de corrupción que hizo caer su gobierno en 2000, Fujimori destacó en un mensaje grabado en vídeo el éxito del programa de esterilizaciones, que, dijo, permitió que Perú redujera su tasa de crecimiento demográfico de 2,3% a 1,7% en una década.
“Nuestro programa funcionó pese a los detractores que nunca faltan y con seguridad habríamos avanzado aún más si no se hubiera magnificado algunos casos aislados”, dijo el ex gobernante.
Uno de esos casos fue el de la campesina María Mamérita Mestanza, madre de siete hijos, que accedió a someterse a una esterilización, y días después murió como consecuencia de una infección generalizada.

Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que suscribió en 2003 un acuerdo de solución amistosa con el gobierno peruano por el cual éste se comprometió a indemnizar a los deudos de la víctima, garantizarles educación primaria y secundaria completas y acceso a atención médica gratuita.
No obstante, siete años después la Comisión concluía que Perú había cumplido solo parcialmente el acuerdo.

Ante la insistencia de la Comisión, un representante del gobierno peruano anunció a fines de octubre en una sesión en Washington que la Fiscalía reabriría el caso de las más de 2.000 denuncias de esterilizaciones, cerrado en 2009.

El fiscal Víctor Cubas, quien coordinó anteriormente la investigación de las esterilizaciones forzadas, dijo a la AP que era “factible que se puedan reabrir las investigaciones porque en todo el tramo anterior se investigaron los casos como delitos comunes, no como delitos comunes que constituirían violación a los derechos humanos”.
En la nueva investigación, dijo, las esterilizaciones serán tipificadas como delitos de lesa humanidad, lo que implica que no podrán prescribir.

Fuente: Terra.com.pe

Arte, cultura y artesanía se mezclaron para producir hermosos prendedores, aretes, anillos y adornos de sombreros tejidos a mano en fibra de alpaca, que lucieron el bloque de invitadas de la Morenada San Martín, durante el 48° Concurso de Trajes de Luces de la última Fiesta de la Virgen de la Candelaria.

Las encargadas de elaborar estos adornos tejidos en fibra de alpaca fueron las hábiles artesanas puneñas capacitadas por el Movimiento Manuela Ramos, quienes no escatimaron esfuerzos para producir hermosas piezas en honor a la patrona de la ciudad.

El resultado no pudo ser mejor. Las flores tejidas llamaron la atención de las bailarinas de los otros conjuntos que participaron del concurso y del público durante la gran veneración realizada en honor a la mamita Candelaria. Al verlos, muchas mujeres exclamaban: “Qué bonito, yo quiero uno igual”.

Es la primera vez que en el festival se incluyen adornos tejidos a las vestimentas, revalorando así lo propio (fibra de alpaca) y lo artesanal (tejido a mano por mujeres).

Sin heridas ni moretones, el dolor pasa desapercibido. “La violencia psicológica es considerada por las autoridades una cuestión de esoterismo”, advierte Lisbeth Guillén, abogada del movimiento Manuela Ramos. Sin embargo, ocurre más seguido de lo que pensamos. Y son las mujeres el segmento de población más vulnerable.

En la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del 2010, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), un 67,9 % de mujeres confesó enfrentar situaciones de control por parte de la pareja; un 21, 9% habló de expresiones humillantes; y un 11,5%, de soportar amenazas de recibir daño.

Ni valiéndose de su 1,70 metros de estatura, su voz fuerte o su pinta de mujer batalla Elena Bolívar pudo librarse del maltrato. “Estuve casada durante 19 años. Había noches en que mi ex marido llegaba completamente ebrio a la casa y comenzaba a insultar y a golpearnos a mí y a mis hijos. Me daba terror”, recuerda.

Gina Yáñez, especialista de Manuela Ramos, asegura: “La salud mental de las víctimas es poco valorada en nuestro país. Nosotros encontramos casos de mujeres al borde de la locura y del suicidio luego de una situación de violencia”.

El daño psíquico menoscaba la autoestima y causa problemas de conducta que no sanan o no son curados de manera oportuna.

INICIATIVAS EN MARCHA

“El proceso judicial fue largo y difícil. Incluso, hubo una jueza que no me creyó a pesar de ser mujer y permitió que mi ex esposo dejara sus cosas en el primer piso de la casa”, sostiene Elena.

En este contexto, han aparecido dos iniciativas que buscan identificar y sancionar la violencia psicológica con mayor rigurosidad.

La primera es la nueva “Guía de valoración del daño psíquico en víctimas adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de violencia intencional”, elaborada por el Centro de Atención Psicosocial (CAPS), el movimiento Manuela Ramos, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) del Ministerio Público.

“No hay precedentes de esta herramienta en el Perú. La idea es uniformizar el peritaje para identificar la gravedad del daño”, señala Carlos Jibaja, integrante del CAPS. “No significa que el juez fallará a favor de la víctima, pero es un aporte importante, pues, con los métodos tradicionales, influye mucho la subjetividad del perito”.

La guía será implementada por el Ministerio Público en aproximadamente cuatro meses. Ya se capacitó a unos cien peritos en todo el país.

De otro lado, el congresista de Gana Perú, Santiago Gastañadui, ha presentado un proyecto de ley para tipificar como delito el daño psíquico.

De ese modo, si el peritaje determinara que el daño es grave, el agresor podría recibir una condena de hasta ocho años de cárcel. En caso fuera leve o moderada, la pena máxima sería de 4 años.

EL CAMINO AÚN ES LARGO

“Más de una vez me sentí maltratada y discriminada por funcionarios públicos debido a mi condición de mujer y a mi color de piel. Escuchaba decir en los pasillos ‘¡Qué pesada esta negrita!’”, cuenta Elena Bolívar.

Si bien en los últimos 15 años ha habido avances en materia de violencia familiar, todavía falta mucho por hacer.

“Varias mujeres no creen que el sistema judicial sea confiable, y les cuesta participar de un proceso que dura por lo menos dos años”, sostiene Eugenia Fernán Zegarra, adjunta para asuntos sobre Derechos de la Mujer en la Defensoría del Pueblo. “Las medidas de prevención deben ser más efectivas y verificarse”, agrega.

Asimismo, resulta fundamental capacitar a los miembros de la Policía Nacional. “La comisaría es la primera puerta que tocan las víctimas de violencia. Si no encuentran respuesta o son revictimizadas mediante burlas o prejuicios, se desalientan”, lamenta Lisbeth Guillén. Esta reacción se multiplica cuando las denuncias remiten a maltrato psicológico, ya que la mayoría de veces los efectivos creen que se miente o se exagera.

Dichas consecuencias se retratan en el estudio “Homicidio y feminicidio en el Perú. Setiembre 2008-Junio 2009”, elaborado por Rocío Villanueva Flores. Del total de casos –hubo 79 registrados por feminicidio íntimo (relación de pareja con el homicida)–, el 12,7% presentó una denuncia en el Ministerio Público por violencia familiar. De ellas, el 40% denunció violencia psicológica; el 30%, violencia física; y el 30%, ambas.

Entre otras tareas pendientes, destaca la necesidad de crear un registro general de víctimas. En la actualidad, este se encuentra dividido entre la PNP, el Ministerio Público, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). La idea es realizar un monitoreo más preciso con esta información.

Además, se deben establecer programas de prevención y ayuda, sobre todo en las áreas rurales, pues los que hay se basan en modelos urbanos que no se acoplan a su realidad. “Se necesita más práctica que teoría”, sostienen las abogadas de Manuela Ramos.

Elena Bolívar no solo ejemplifica a una víctima de maltrato en esta nota. También nos prueba que es posible salir adelante luego de una experiencia de esta naturaleza. Ya divorciada, hoy cursa el tercer ciclo de la carrera de Derecho. Quiere especializarse en derecho penal y tributario para ayudar a otras mujeres y hombres que atraviesan situaciones de violencia. En su trabajo, la llaman ‘Señora Ley’.

EN CIFRAS

33,6%
ASESINADAS POR SUS PAREJAS
La tercera parte del total de mujeres víctimas de homicidio, según el Ministerio Público, murió a manos de su actual o ex pareja.

21
HOMICIDIOS EN ENERO
Solo en enero de este año, la Fiscalía de la Nación registró 21 casos de mujeres asesinadas. De estos, 11 son posibles feminicidios.

39.629
DENUNCIAS
Entre los años 2005 y 2010, la Policía Nacional del Perú recibió cerca de 40 mil denuncias por delitos de violación de la libertad sexual.

70
QUEJAS POR TORTURA
Del 2008 al 2010, la Defensoría del Pueblo recibió 70 quejas por presuntas torturas imputadas a personal de la Policía Nacional.

294.716
CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR
Del 2000 al 2011, el Ministerio Público ha identificado cerca de 300 mil casos de violencia familiar solo en Lima Metropolitana y Callao.

Fuente: El Comercio

Informe sobre la inconstitucionalidad del inciso 3 del artículo 173 del Código Penal Peruano
Lima: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos y Movimiento Manuela Ramos
(2011)
71 p.

El presente Informe, elaborado por el Dr. Samuel B. Abad Yupanqui,
analiza los problemas de constitucionalidad que presenta el inciso 3) del
artículo 173º del Código Penal, modificado por la Ley Nº 28704, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, con fecha 05 de abril de 2006.

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El día miércoles 7 de febrero, el diario La República reproduce textualmente las declaraciones de la Ministra de la Mujer Ana Jara: “Nos asombra que haya reclamos de un sector y digan que el ministerio ha perdido la esencia. La Ley de Organizaciones y Funciones es totalmente idéntica a la que dejó la ex ministra Aída García Naranjo”.

Nada más lejano de la verdad objetiva y tangible a la que usted puede arribar paseando sus ojitos rápidamente por el cuadro comparativo que adjuntamos a esta nota.

Empecemos por la denominación de “Mujer y Ciudadanía” a “Mujer y Poblaciones Vulnerables”. Como todas/os sabemos detrás de los nombres están los enfoques y las apuestas políticas. No es lo mismo trabajar desde el Estado con niñas y niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y poblaciones migrantes y desplazadas, a quienes se les reconoce la ciudadanía; que hacerlo con todos estos colectivos como poblaciones vulnerables, sin reconocer que han sido colocados en esas condiciones y posiciones por la economía, la política y las prácticas sociales y culturales de subordinación y discriminación del otro.

Solo señalaremos una gran, pero gran diferencia. El artículo 9° de la propuesta que dejó la ministra Aída García ha sido suprimido por completo. Pero qué decía este artículo ¿Por qué tanto miedo? ¿Dónde estaba el peligro? Nada más y nada menos que en convertir al Ministerio de la Mujer en lo que siempre debió haber sido: un ente rector en las materias de igualdad de género, protección de los derechos de las mujeres e igualdad de oportunidades para ellas, atención integral a niña, niño y adolescente, población en riesgo, política de población, derechos de las personas adultas mayores, derechos de las personas con discapacidad, protección de las familias, migración interna. Es decir, en un ministerio que dada la multidimensionalidad de las problemáticas que debe abordar, como por ejemplo la desigualdad de género, la violencia familiar y sexual o la discriminación, requiere competencias para organizar la respuesta del Estado desde los distintos sectores (educación, salud, justicia, inclusión social), poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y niveles de gobierno (nacional, regional y local)[1].

Movimiento Manuela Ramos

Lima, 07 de febrero de 2012.

Descarque el cuadro comparativo aquí

[1] Puede encontrar más información en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, artículos 43 y siguientes

A través de una carta a la ministra de la Mujer Ana Jara, el Movimiento Manuela Ramos reitera la preocupación por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual-PNCVFS y el desastroso proceso de transferencia de los Centros de Emergencia Mujer-CEMs a los gobiernos locales, ocurrida durante los últimos 45 días de la gestión aprista, situación que ahora, a través del Decreto de Urgencia N° 003-2012, se reconoce como catastrófico y pretende revertir.

Por ello, Manuela Ramos ha solicitado al Ministerio de la Mujer información acerca de las medidas y el plan de acción previsto para mejorar la calidad y eficacia de los servicios ofrecidos por los CEM, hasta el 30 de junio del 2012, fecha en que el PNCVFS dejará de ejecutar estos servicios y serán transferidos a los gobiernos locales.

Los Centros de Emergencia Mujer funcionan en la actualidad de manera deficiente, situación que se agudiza con la transferencia a los gobiernos locales, cuyas autoridades en su mayoría desconocen la dimensión y alcance de los servicios que deben administrar, y que, aunado a la falta de claridad sobre la rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, convierten a los CEM en centros que no garantizan un servicio especializado eficiente, eficaz y de buena calidad para las mujeres víctimas de violencia familiar y sexual.

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Carta de respuesta del Mimp en pdf

Movimiento Manuela Ramos
Lima, 06 de febrero de 2012.

Guía de Valoración del daño psíquico en víctimas adultas de violencia familiar, sexual, torturas y otras formas de violencia intencional
Lima: Instituto de Medicina Legal (IML), Centro de Atención Psicosocial (CAPS) y Movimiento Manuela Ramos (MMR)
[2011]
111 p.

Instrumento que uniformiza y consolida una metodología para valorar el daño psíquico en víctimas de violencia, recoge la experiencia de profesionales del IML, la revisión de bibliografía especializada, las recomendaciones de expertos y expertas.

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Si bien en el Perú de los últimos años se han producido cambios normativos importantes respecto al reconocimiento de los derechos de las mujeres, subsisten aun algunas normas discriminatorias, las que sin duda urge modificar desde el Congreso de la República. Esto ocurre con el artículo 243° del Código Civil que señala que no se permite el matrimonio “De la viuda, en tanto no transcurran por lo menos trescientos días de la muerte de su marido, salvo que diere a luz. Esta disposición es aplicable a la mujer divorciada o cuyo matrimonio hubiera sido invalidado; se dispensa el plazo si la mujer acredita no hallarse embarazada, mediante certificado médico expedido por autoridad competente”.

Asimismo, aquella otra contenida en el artículo 362° que señala que
“El hijo se presume matrimonial aunque la madre declare que no es de su marido o sea condenada como adultera”.

Desde Manuela Ramos demandamos la derogación de este artículo; así como, que los Municipios no persistan en el absurdo de exigir el certificado de no estar embarazada a las mujeres que desean contraer matrimonio.

Lima, 02 de febrero de 2012.

En febrero, durante 18 días, la ciudad de Puno, ubicada a las orillas del Lago Titicaca a una altitud de 3,870 metros sobre el nivel del mar, se convierte en la capital Folklórica de las Américas en homenaje a la Virgen de la Candelaria, patrona de la ciudad de Puno.

Más de 200 grupos de músicos y bailarines toman las calles creando un mar de color, mística y danza, ante el majestuoso Lago Titicaca; donde también participan hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños que no cesan de bailar festejar.

El espectáculo está ligado a los ciclos agrícolas pre-hispánicos de la siembre y la cosecha, así como a las actividades mineras en la región. Es el resultado de una mezcla entre la alegría respetuosa del Aymara y la seriedad ancestral del Quechua.

La “diablada” o baile de los demonios es la principal danza de la festividad, fue ideado por un grupo de mineros atrapados en una mina, quienes en su desesperación, ofrecieron sus almas a la Mamacha Candelaria.

Durante la despedida, o cacharpari, los bailarines que llenan las calles finalmente se dirigen al cementerio para rendir homenaje a los muertos.

Arte y color
Si quedó impresionado por la majestuosidad de las vestimentas y los vestidos no deje de visitar La Casa de la Mujer Artesana en esta tienda encontrará una surtida variedad de chalinas, gorros, guantes, souvenirs y juguetes tejidos por mujeres de las zonas rurales que han encontrado en la artesanía una herramienta para salir de la pobreza, mejorar su calidad de vida y la de su comunidad (Jr. Puno 645, al costado de la catedral)

Cronograma de actividades

02 Feb.: Misa y procesión
05 Feb.: Danzas autóctonas
12 Feb: Danzas mestizas
13 Feb: Gran parada y veneración