Miles de humildes mujeres peruanas marcadas por los efectos sicológicos, sociales y físicos esperan que les llegue la justicia y que por fin paguen por sus crímenes en contra de la humanidad aquellos autores intelectuales y materiales que durante la dictadura fujimorista llevaron a cabo una política de anticoncepción basada en la esterilización forzada, que escogía a sus víctimas con criterios de discriminación racial y social.
Muchas de ellas están vivas y pueden testimoniar el duro trance por el que pasaron empujadas por engaños, falsos ofrecimientos, amenazas e incluso contra su voluntad, por parte de personal de salud al que que, por el afán de engordar su sueldo por las bonificaciones que el gobierno pagaba por pacientes esterilizados, no le importó tratar a seres humanos como si fueran reses, en el marco del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF ) aplicada de 1990 al 2000.
Sin embargo, para otras 18, como María Mamérita Mestanza Chávez, caso emblemático y que motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ello es imposible porque la vida se les apagó tras ser sometidas a estas esterilizaciones forzadas, dejando inmersos en un inmenso dolor a sus hijos, esposos y otros familiares.
Son dos mil setenta y cuatro los casos de personas sometidas a esterilizaciones forzadas, entre mujeres y hombres, que la Defensoría del Pueblo y organismos de Derechos Humanos lograron identificar, pero investigaciones realizadas desde la sociedad civil como, por ejemplo, la de Giuliana Tamayo, basada en declaraciones e informes oficiales, en 1995 se realizaron 21,901 en ligaduras de trompas y en el 1996 un total de 81,761; mientras la investigación realizada por María Christine Zauzich sostiene que en 1997 se efectuaron 110,253 intervenciones y en 1998 otras 110,253.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en tres informes defensoriales sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica y los Derechos Reproductivos, habla en total de 272,028 ligaduras realizadas entre 1996 y2001, inclusive.
Justicia negada
En diciembre pasado, la Fiscalía Superior de Derechos Humanos, a cargo del fiscal Jorge Luis Cortez Pineda archivó definitivamente la denuncia contra los ex ministros de Salud y otras autoridades del gobierno fujimorista, pues consideró que las esterilizaciones forzadas no constituyen un delito de lesa humanidad y que no fueron sistemáticas, sino que fueron simplemente negligencias médicas.
Según el fiscal, los delitos atribuidos a los implicados, en contra del Cuerpo, la Vida y la Salud, lesiones graves y culposas, homicidio culposo, ya prescribieron, explica a LA PRIMERA Rossy Salazar, abogada de la organización no gubernamental Estudio para la Defensa y Derechos de la Mujer (Demus).
Es así que se archivó el mega-caso que tiene como símbolo a María Mamérita Mestanza Chávez, en una decisión judicial que ignora el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tipifica la esterilización forzada como delito de les humanidad, así como las investigaciones y testimonios que dan cuenta que fue una práctica sistemática como parte de una política anticonceptiva de Estado que estableció metas numéricas a nivel nacional. Se asignaron cuotas a los establecimientos y al personal de salud, se llevaron a cabo acciones de carácter masivo con la finalidad exclusiva de captar usuarias para la anticoncepción quirúrgica, existió presión y estímulos para el cumplimiento de las cuotas establecidas, al extremo dramático de una enfermera que optó por ligarse las trompas para cumplir con su cuota, a fin de evitar ser despedida.
La representante de Demus llamó la atención en que el fiscal superior haya resuelto por la prescripción de los delitos, cuando se cometieron en años diferentes entre 1990 y 2000 y agregó que más pareciera que se ha preocupado en liberar de responsabilidades a los acusados y dar la imagen que cumplió con su labor de investigar.
En mayo del año pasado, ya el fiscal Jaime Schwartz archivó el caso argumentando falta de pruebas y, también, la prescripción.
Antecedentes
En el 2001, con el retorno de la democracia, se conformó en el Congreso una subcomisión encargada de investigar las denuncias sobre irregularidades en el período 1990-2000, en el marco del PNSRPF, bajo la presidencia de, Héctor Chávez Chuchón para evaluar una denuncia constitucional contra Alberto Fujimori y sus ex ministros de Salud (Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga). Este grupo de trabajo presentó denuncia constitucional contra los nombrados, por los delitos de genocidio y otros, pero el pleno del Congreso, presidido por el legislador aprista, Luis Gonzáles Posada, la archivó.
Chávez Chuchón, médico de profesión, formuló al mismo tiempo una denuncia penal ante la Fiscalía especializada en delitos contra los Derechos Humanos, la cual inició una investigación por los delitos de genocidio y otros contra las autoridades involucradas, que no tenían beneficio del antejuicio constitucional.
La entonces Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, inició otra investigación preliminar focalizada en Fujimori, y sus ex tres ministros, los tres con derecho a antejuicio constitucional, que concluyó en el 2004 dicraminando que no había lugar a formular denuncia penal, desechando que los mencionados ex gobernantes hubieran cometido los delitos de genocidio y tortura.
En el 2003, la legisladora Dora Núñez formuló una nueva denuncia constitucional contra Fujimori y sus ex tres ministros de Salud pero no como genocidio, sino como de lesa humanidad, esta vez, en la modalidad de tortura, lesiones graves seguidas de muerte, secuestro y asociación ilícita para delinquir, la cual fue derivada en el 2005 a la a la Fiscal de la Nación, Dra. Adelaida Bolívar al caducar el beneficio del antejuicio constitucional para los acusados. Ambos expedientes congresales remitidos a la Fiscalía dieron lugar al mega caso archivado en diciembre
Caso emblemático
En el 2003 y gracias a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado peruano suscribe un Acuerdo de Solución amistosa con los representantes legales de la fallecida Mamérita Mestanza Chávez, quien perdió la vida en 1998 tras ser esterilizada.
La abogada de Demus comentó que la CIDH recomendó al Estado peruano que, por un tema de contexto, revise esta política que debió afectar a más personas.
Mediante este acuerdo, el Estado reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a reparar a los familiares de la víctima, así como sancionar penalmente a quienes resulten responsables de las muertes antes mencionadas, y de las violaciones de los derechos humanos cometidas en la ejecución del Programa.
Precisó que se ha cumplido con reparar a los deudos de Mamérita, más no en sancionar a los responsables de su muerte con el archivamiento del llamado mega caso.
Última esperanza
Luego de revelar sus sospechas de que los representantes del Ministerio Público actuaron presionados por remanentes de la mafia fujimontesinista, ya que de comprobarse la comisión de los delitos se llegaría en cadena de mando a Alberto Fujimori y a su ex asesor, Vladimiro Montesinos, Salazar anunció que Demus acudirá a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para lograr justicia para las víctimas.
Relató que para ello encuentra en plena labor de búsqueda y contactando nuevos casos para presentarlos ante la CIDH, que así lo exige, mediante una petición para lo cual tienen un plazo de seis meses que se cumple en junio entrante. La abogada reveló que ya cuentan con algunos nuevos testimonios de mujeres del interior del país y que algunas de ellas, incluso, desconocían lo que les habían hecho.
A modo de graficar el nivel violatorio al derecho humano con que actuó el gobierno en el tema, contó que una mujer y su esposo fueron amenazados por la policía con ser encarcelados por estar prohibido tener más de tres hijos, para que aceptara ser intervenida.Agregó que existen hasta actas de un supuesto consentimiento con las firmas de víctimas que son analfabetas.
Relató que el pasado 4 de noviembre los representantes del Estado peruano junto a la parte afectada se reunieron con la presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía, quien exigió duramente al Estado que cumpla su compromiso de procesar a los responsables de esa práctica y recordó que en el caso de Mestanza, continúa impune. De la resolución de este caso depende la reparación para las víctimas de esterilizaciones.
Dijo que el archivamiento definitivo del mega caso fue informado a la CIDH, que el 8 de enero último remitió a Demus una notificación para conocer su opinión sobre el informe que hizo llegar el Estado peruano a este organismo sobre los avances a las recomendaciones que le fueron dadas en la reunión de noviembre.
Testimonio de una víctima
En 1996, Victoria Vigo tenía solo 32 años de edad cuando en el Hospital Regional del Seguro en Piura le ligaron las trompas, sin su consentimiento y tras alumbrar a su tercer hijo (el segundo de su nuevo compromiso) que murió a las 18 horas de nacido.
Devastada por la pérdida y los dolores de la cesárea, escuchó el diálogo entre su médico tratante y un enfermero de que no podría tener más hijos porque fue “ligada”.
“Cuando pregunté, me di cuenta que en mi historia clínica no aparecía la ligadura; si no escuchaba la conversación, no me habría enterado, al principio en el hospital me dijeron que no era verdad, pero después lo aceptaron y me propusieron una recanalización, pero no la acepté porque me informé que no me sirve porque las trompas son algo mecánico”, relató a este diario.
En el hospital afirmaron que ella autorizó la operación, pero nunca apareció el documento que hubiera supuestamente firmado y ella recuerda que ni siquiera lo hizo verbalmente, porque no tenía la mínima intención de evitar procrear, pues tenía un nuevo compromiso y quería darle más hijos a su pareja.
Llevada por la misma indignación que siente ahora por la decisión de la justicia y dolida porque la arrebataron la capacidad de ser nuevamente madre luego de dos años de lucha y litigio judicial, esta aguerrida mujer ganó el juicio que entabló al médico Nicolás Angulo por el delito de lesiones graves, recibiendo una reparación civil de 10 mil soles y el reconocimiento de éste de haber actuado acatando órdenes.
“Solo lo denuncié a él porqué no sabía que era una política gubernamental, pero el juez del caso si lo reconoció como tal en su fallo”.acotó.
Alejandrina, otro caso si resolver
Era febrero de 1988 cuando esta redactora llegó a Pisco atendiendo la denuncia de los humildes deudos de Alejandrina Córdova, quien falleció por una septicemia cinco días después de que se le “ligara las trompas”, en el Hospital San Juan de Dios de esta ciudad.
Sus tres menores hijos y sus hermanos me relataron que hasta su domicilio llegó el médico Eduardo Espino para convencerla a ser esterilizada, ante su negativa le ofreció víveres y por la necesidad, entonces, aceptó.
Junto a Alejandrina, el médico reunió a otras cuatro mujeres del mismo asentamiento humano y les pagó el taxi al hospital, donde fueron intervenidas por la Dra. Hilda Vizcarreta, el 22 de agosto de 1997.
Tras el deceso de la mujer a la que solo se le recetó pastillas para los estragos pos operatorios, Héctor Ferreyra el director de este hospital pagó su sepelio y su nicho perpetuo y ofreció a sus deudos 5 mil soles para que cesen en sus denuncias, luego que no prosperara su amenaza de que no inicien ninguna acción legal contra del hospital porque el Ministerio de Salud “tiene un equipo de abogados que ganan todos los juicios”.
Un médico de dicho hospital consultado admitió que el “nosocomio más parece un camal por la cantidad de mujeres que deben operar todos los días”. Un ginecólogo que atendió a la mujer, afirmó que los doctores y enfermeras compiten entre ellos por quién convence a un mayor número de mujeres para que se liguen las trompas y poder ganarse los 10 soles de comisión por cada mujer, además reconoció que por el apuro, falta de instrumental quirúrgico, y otros equipos, las mujeres son operadas en condiciones insalubres.
Un proyecto justiciero
La congresista nacionalista, María Sumire presentó el Proyecto de Ley 1707-2007 que plantea la adecuación del Código Penal al Estatuto de Roma para que sean tipificados como delitos de lesa humanidad dentro de un plan sistemático y generalizado (violación sexual, prostitución forzada, esterilización forzada, esclavitud sexual, matrimonio o convivencia forzada, aborto y embarazo forzado, así como esterilización forzada). Además, la legisladora, a través de otra iniciativa la 2906-2008, busca que el Registro Integral de Reparaciones (PIR) amplíe como víctimas y beneficiarias a las personas sometidas por ejemplo a la esterilización forzada llevadas a cabo por el fujimorismo como una política que involucró desde tres ministros de Salud hasta el personal de las postas médicas a donde eran llevadas las mujeres con el cuento de recibir víveres para sus hijos. Situación que ha ocasionado en muchas de ellas y en sus hijos el temor a acudir a un centro de salud.
Vilma Escalante
Redacción
Fuente: La Primera, 02 de febrero de 2010
