Escrito por Manuela Ramos el 22 junio 2012

Solidaridad con mujeres de Bolivia ¡Alto a la violencia contra las mujeres autoridades!

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Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres debe ser aplicada para la investigación y sanción con celeridad

  • Más de 4 mil denuncias, y muchas víctimas silenciadas frente al acoso y violencia política contra mujeres autoridades.
  • Asesinato de la Concejala Juana Quispe Apaza (15.03.2012), del municipio de Ancoraimes (Prov. Omasuyos, La Paz). Policía considera crimen como consecuencia de una venganza política. Ella interpuso dos recursos de amparo contra todos los concejales además del Alcalde. A Quispe se le impedía participar en las sesiones, era  objeto de amenazas y actos de violencia física y verbal. Quispe Apaza era integrante de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de La Paz Bartolina Sisa.
  • En junio de este año, Daguimar Rivera Ortiz, Concejala del municipio de Guayaramerín del Beni, también fue asesinada a balazos, después de haber denunciado al alcalde por “malos manejos”.

El 28 de mayo pasado, el Presidente boliviano, Evo Morales, promulgó la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. Tras 12 años de esfuerzos impulsados por diversas organizaciones lideradas por la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) así como por instituciones defensoras de los derechos de las mujeres, se concretó esta meta histórica en la lucha por la prevención, erradicación, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres, en este caso particular, referida a la violencia contra mujeres autoridades[1]. Urge entonces la articulación de las diferentes instancias responsables de la atención del problema que tienen entre sus principales víctimas a las mujeres.

Perú:  Leyes para evitar violencia contra mujeres autoridades

En el Perú, lamentablemente ocurre lo mismo. Las mujeres  son acosadas, y agredidas física, sexual y psicológicamente provocando su estigmatización o alejamiento del quehacer político. Por ello, desde la Red Nacional de Mujeres Autoridades Locales y Regionales; RENAMA Perú, e instituciones defensoras de los derechos de las mujeres se trabajan una propuesta de ley que abordará la problemática de la violencia contra mujeres autoridades.

El Movimiento Manuela Ramos expresa su solidaridad con las familias de las víctimas, con la ACOBOL y con las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en Bolivia, y demanda la intervención articulada de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. La violencia es un problema de salud pública y, al cometerse contra mujeres autoridades, además se les impide ejercer su derecho a la participación política sin ningún tipo de discriminación.

 

Lima, 20 de junio de 2012.

[1] El artículo 20 de la norma incorpora en el Código Penal los delitos de acoso político y violencia política contra las mujeres, que serán sancionados por la justicia ordinaria. Las sanciones para quienes ejerzan acciones de acoso político, tales como actos de presión, persecución, hostigamiento y/o amenazas en contra de una mujer electa, designada o en el ejercicio de la función político-publica, serán de una pena privativa de libertad de dos a cinco años.
En caso de violencia política la sanción para quienes realicen actos y/o agresiones físicas y psicológicas es de tres a ocho años de pena privativa de libertad. La nueva norma también establece que esos delitos podrán ser sancionados por la vía administrativa o disciplinaria en instituciones públicas, bajo tres tipos de faltas: leves, graves y gravísimas.
La sanción para faltas leves es la amonestación escrita, bajo registro; para faltas graves amonestación escrita bajo registro y descuento de hasta el 20% y para faltas gravísimas es la suspensión temporal del cargo sin goce de haberes hasta 30 días.
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