Gobierno, Congreso, Poder Judicial y Tribunal Constitucional deben cumplir con la CEDAW y sus recomendaciones

Lesbianas, trans, bisexuales, afroperuanas, feministas, mujeres con discapacidad y niñas exigen el cese de la violencia institucional y que garanticen sus derechos humanos

En febrero de este año, la Comisión que vigila el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) de las Naciones Unidas examinó al Estado peruano en materia de derechos humanos de las mujeres. Tras las observaciones y recomendaciones finales, organizaciones feministas y de derechos humanos exigen al Estado peruano el cumplimiento de la CEDAW y sus recomendaciones.

Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, señaló que en la recomendación 15 del CEDAW, se señala que, ante el acoso, la violencia de género contra las defensoras de los derechos humanos, el Comité recomienda que se acelere la investigación y el enjuiciamiento de todos los actos de acoso, violencia de género; se proporcione recursos y reparaciones a las víctimas, y establezca un registro específico de esos incidentes. Además, se cree conciencia respecto a la contribución de las defensoras de los derechos humanos; y que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implemente el Protocolo Multisectorial de Protección a las Personas Defensoras.

Por su parte, Cynthia Silva, directora de DEMUS, hizo énfasis en que todos los problemas que vienen denunciando las mujeres desde hace décadas deben abordarse de forma diferenciada y especializada. “Las mujeres jóvenes son quienes viven mayor acoso y menores posibilidades de acceso a la justicia por su propia autonomía. Este tipo de distinticiones son muy importantes porque ayudan al sistema de justicia a saber cómo debe tratarse estos caso”, expresó. Para ello, resaltó la necesidad del presupuesto público para la política de igualdad de género y la estrategia nacional de prevención de la violencia de género y la implementación efectiva del sistema nacional especializado de justicia SNEG.

Además, mencionó que tras 20 años de la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que señala a las violaciones sexuales y esterilizaciones forzadas como delitos de lesa humanidad, Estado peruano aún no adecua su Código Penal, lo que permite la impunidad y la repetición de crímenes como el caso Manta.

Comité CEDAW nombra a mujeres LBTI por primera vez

Desde hace muchos años, las organizaciones integrantes del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. (CLADEM Perú) se organizan para redactar informes alternativos a los diferentes comités de los órganos de las Naciones Unidas. Este año, a pedido de Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), el CLADEM Perú decidió presentar un informe alternativo sobre las lesbianas al Comité CEDAW, logrando así históricamente medidas a favor de lesbianas, trans, bisexuales e intersex.

“Como lesbianas estamos muy contentas que, por primera vez, el Comité CEDAW se refiere a nosotras como mujeres lesbianas. Pareciera una cosa de nada, pero es muy importante que un órgano de las Naciones Unidas nos reconozca como titulares de derechos y que se recomienden medidas que garanticen nuestros DDHH”, expresó Gina Cedamanos, representante de CLADEM Perú y de LIFS. Además, es muy importante que el informe haya considerado recomendaciones bajo el enfoque de la interseccionalidad. En él, brinda recomendaciones para mujeres con discapacidad, afroperuanas, indígenas, niñas, mujeres privadas de su libertad, LBTI, entre otras.

Asimismo, mencinó que esperan que el Congrese legisle conforme a la CEDAW y no apruebe ni insista en la aprobación del proyecto del ley 904 contra la ESI; que el Poder Judicial apruebe la Directiva “Atención judicial de víctimas de discriminación y violencia por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales” y haga cumplir la sentencia que le impuso a la RENIEC sobre los derechos de las lesbianas adquiridos en el extranjero en materia de familia, matrimonio e igualdad como el caso de Jenny y Darling, esposas lesbianas, aquienes se les niega el derecho de figurar en el DNI de su hijo. Asimismo, queda pendiente la aprobación del Proyecto de Ley 525/2021, el cual modifica el artículo 234 del Código Civil, que dice que el matrimonio es la unión solo entre el hombre y la mujer.

Por su parte, Leyla Huertas, representante de Féminas dijo que es importante empezar por el nombramiento de las mujeres trans y de reivindicar el derecho a la identidad, sobre el cual se desarrollan los demás derechos básicos. En esa línea, Santiago Balvín, persona transmasculina, mencionó que saluda el nombramiento a otras disidencias sexuales, pero es necesario reconocer y profundizar sobre las poblaciones que quedan desprotegidas por una estructura sociotransexual. “No solo somos cuerpos gestantes, somos seres humanos que buscan ser mencionades y reconocides como transmacuslinidades y personas no binaries asignades mujeres al nacer como problemáticas específicas”, señaló Balvín.

El Comité ha señalado también la necesidad de un sistema de cuotas que resarsa los años de invisibilidad, discriminación y exclusión; de seguimiento de la aplicación de las leyes que tipifican la violencia de género contra las mujeres; que se prevenga, registre, investigue y sancione la discriminación y la violencia de género contra las lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales. Así como mejorar la recopilación, análisis y difusión de datos completos y desglosados, entre otros, por orientación sexual. “El Estado necesita realizar estudios sobre la situación en que viven las mujeres lesbianas, para poder tomarlas en cuenta al elaborar sus políticas públicas. En el MIMP tenemos estancado un estudio sobre las lesbianas desde el 2012. Esto no puede estar pasando. Se requiere ese diagnóstico ya y servicios que garanticen nuestros DDHH”, finalizó Cedamanos.

Sobre mujeres afroperuanas y mujeres con discapacidad

Cecilia Ramirez, representante del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), enfatizó en la recomendación CEDAW que indica promover medidas especiales de carácter temporal, mediante la adopción de cuotas, metas e indicadores, en todos los ámbitos de la Convención a fin de reparar a mujeres afroperuanas, víctimas de formas históricas e interseccionales de discriminación. “Que se eliminen los obstáculos institucionales, estructurales, como los financieros y geográficos para garantizar el acceso a la justicia”, señaló Ramirez.

Por ello, es necesaria la inclusión de la variable étnica en todos los registros administrativos a fin de contar con datos desagregados que contribuyan a la generación de políticas públicas y acciones afirmativas de manera diferenciada. Además de prevenir, registrar, investigar y sancionar la discriminación étnica racial y la violencia de género.

Por otro lado, una de las grandes preocupaciones en este tiempo de pandemia y que se ha agudizado es el empleo. “De 10 personas, 8 no se encuentran trabajando ni buscando empleo, de las cuales las mujeres con discapacidad son las más afectadas, víctimas de discriminación y exclusión por atribuirles diversos estereotipos sobre género como que se nos vea como niñas, incapaces. Incluso, muchas han sufrido violencia porque se les ve como personas asexuales o hipersexuales”, compartió Nathaly Huapaya, representante de la Mesa de Discapacidad y Derechos de la CNDDHH. Además mencionó que la falta de empleo crea dependencia económica de las mujeres con discapacidad hacia sus familias o parejas, quienes muchas veces son sus principales agresores.

Asimismo, señala que no existe data actualiza estadística que refleje la situación de las mujeres con discapacidad en ningún aspecto. No seguimiento de las denuncias cuando las mujeres con discapacidad solicitan una medida de protección. Esto no permite que se desarrollen políticas públicas teniendo el enfoque de género y discapacidad.

Sobre los derechos políticos de las mujeres

Lisbeth Guillén, representante del Movimiento Manuela Ramos, indicó que los obstáculos estructurales que afrontan las mujeres, en particular de grupos marginados, impiden que se presenten a las elecciones a nivel nacional, regional y municipal, y que parte de la baja participación de las mujeres en la política se debe a los estereotipos y las prácticas discriminatorias; esto también se traduce en el aumento del acoso político, en la mayoría de casos con impunidad para los responsables.

Existe la necesidad de reforzar los mecanismos y crear políticas para prevenir en el debate público la violencia de género contra las mujeres políticas, las defensoras de los derechos humanos y las candidatas y para hacer que las empresas de medios sociales respondan por los contenidos ilícitos generados por usuarios, así como crear los mecanismos de presentación y seguimiento de denuncias. “Demandamos que el proceso electoral 2022, elecciones regionales y municipales, se realicen libres de acoso y sin ningún tipo de discriminación contra las mujeres candidatas y se garantice una atención con debida diligencia a las mujeres candidatas que reporten situaciones de acoso político en el proceso electoral”, manifestó Guillén.

Educación Sexual Integral para niñas y niños

“Hacemos un llamado al Presidente de la República a observar la autógrafa de ley 904. Sr. Presidente Castillo, usted tiene un compromiso con los niños y las niñas del país, ellos esperan que usted no les dé la espalda”, enfatizó Elga Prado, coordinadora del Programa de Sexualidad del Movimiento Manuela Ramos, quien además señaló la importancia de prevenir los embarazos precoces y las infecciones de transmisión sexual a través del refuerzo de la labor pedagógica y la incorporación en planes de estudios.

Entre otras medidas, Prado mencionó la obligación del Estado peruano de reforzar la infraestructura educativa en las comunidades indígenas y en las zonas rurales; proporcionar transporte escolar gratuito, fiable y seguro a las niñas y mujeres de las zonas rurales y remotas; facilitar la matrícula y garantizar oportunidades de recibir educación en sus propias lenguas tal y como lo menciona el Comité CEDAW. Además de disponer de guarderías asequibles para promover la culminación de los estudios e imponiendo multas a los centros educativos que expulsen a las niñas embarazadas y/o nieguen a las madres jóvenes la oportunidad de reintegrarse en la educación.

Embarazo infantil, muertes maternas y derecho a decidir

Durante el 2021, se ha visto un incremento de las muertes maternas en menores de 19 años a 51 muertes en total. La maternidad infantil se triplicó en niñas menores de 10 años a comparación del año 2019. Según Reniec en 2021, 1430 niñas de 11 a 14 años fueron madres producto de la violencia. Es decir, cada día, 4 niñas dan a luz en el Perú. Es necesario elaborar y aprobar una norma técnica sanitaria exclusiva para la atención integral diferenciada de las niñas embarazadas como consecuencia de una violación. “Han transcurrido 8 años desde la aprobación de la Guía IVITE y casi 100 de la despenalización del aborto terapéutico, y aún sigue habiendo barreras para su implementación”, señaló Melissa Sánchez, representante Católicas por el Derecho a Decidir.

Por su parte, Liz Melendez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, menciona el pendiente histórico del Estado peruano sobre el derecho a decidir y los derechos sexuales y reproductivos. Así como la aprobación del Proyecto de Ley 594/2021, el cual propone la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación sexual.

Eliana Revollar, Defensora del Pueblo

La conferencia contó con la participación de Defensora del Pueblo, quien señaló que el Estado peruano ha tenido avances significativos en materia normativa, sin embargo, no se ha avanzado en la compresión de muchas normas y, en otros casos, hay vacíos enormes a favor de los derechos de las mujeres y personas LBTI. Asimismo, indicó que todavía es un desafío contar con una ley de identidad y una ley de matrimonio igualitario, y que la Defensoría tiene una posición al respecto. Igualmente, en el tema del aborto como consecuencia de una violación en menores de edad.

Por otro lado, expresó su preocupación sobre la ESI: “Si se aprobara el Proyecto de Ley 904, ya convertido en autógrafa, se traería abajo todo el sistema internacional y constitucional de protección. Ese sería un retroceso, porque las políticas públicas se tienen que construir y ejecutar para todos. Para la Defensoría del Pueblo es una preocupación que el enfoque de género siempre esté siendo atacado”, afirmó Revollar.

Leticia Bonifaz, experta del Comité CEDAW/ONU.

“Sabemos que en muchos de nuestros países de América Latina aparentemente damos soluciones legislativas; ustedes han insistido en que las leyes no funcionan si no tienen eficacia, especialmente, si no hay presupuesto orientado a que las políticas públicas vayan teniendo una verdadera aplicación”, comentó. Además, indicó que en comparación a períodos anteriores, sin duda en Perú hay avances, pero que también hay muchos retos todavía por atender.

La experta Bonifaz considera que las recomendaciones serán muy útiles para el gobierno del Perú, no solo para buscar mayor igualdad sino tener claridad sobre los asuntos que están pendientes. “El embarazo infantil y adolescente y, como consecuencia, la deserción escolar aparecieron como uno de los grandes problemas. Debemos seguir insistiendo en despenalizar el aborto en ciertas circunstancias porque esto implica violencia hacia muchas mujeres, particularmente, en el embarazo sin voluntad de niñas y adolescentes”, enfatizando que la sociedad civil juega un papel importante como observador que presiona y le recuerda al Estado sus obligaciones.

Finalmente, mencionó la importancia de difundir estas recomendaciones y recordó la nueva cita que Perú tiene con CEDAW, en donde se tendrán que rendir mejor cuentas.

Video de la conferencia de prensa.